La política argentina está teñida de mañas que, cuando son trasladadas a las decisiones cotidianas de un gobierno, se convierten en un peligroso ejercicio del poder.
Es lo que sucede con la aplicación del Plan Argentina Trabaja en Córdoba, donde casi no tiene beneficiarios, pese a ser este uno de los distritos más poblados del país y, por ende, donde habitan más personas necesitadas.
La iniciativa fue puesta en marcha en 2009, luego de que el Gobierno de Cristina Fernández sufriera una dura derrota en la elección de legisladores nacionales.
El programa apunta a generar empleo entre los desocupados y aportarles un ingreso para sus hogares.
Fue concebido para que los municipios recibieran el auxilio en forma directa, sin intermediación de los gobiernos provinciales.
En 2009, se anunció que el plan generaría unos 100 mil puestos de trabajo por año. Hasta ahora, se han localizado unos 200 mil beneficiarios.
Las tareas están orientadas a efectuar trabajos mínimos para el mantenimiento de los municipios, así como a la construcción de centros de integración comunitaria (CIC). El primer problema, entonces, es que la ayuda no se reparte en forma proporcional en el país en función de las necesidades insatisfechas y de los índices de desempleo.
El programa tiene asignados recursos por 5.020 millones de pesos en el Presupuesto 2012. Cada beneficiario percibe 1.785 pesos, si además de un haber mínimo (1.285 pesos) alcanza objetivos de productividad y presentismo.
Para la provincia de Córdoba, se ha sumado otra discriminación: la ayuda no llega a los municipios cuyos intendentes no adhieren al ideario kirchnerista.
En cuentagotas, se limita a intendencias que se identifican con el Gobierno nacional, cuando en realidad se trata de una ayuda del Estado que no debería discriminar color político.
Lo insólito de esta discriminación llega a lo inexplicable cuando el intendente de Leones (con licencia en sus funciones) y actual diputado nacional, Fabián Francioni, justifica el reparto inequitativo porque los solicitantes son âintendentes del PJ o radicales, que son empleadosâ de José Manuel de la Sota, según afirma.
Por otra parte, también es censurable la supuesta discriminación que aplicaría la actual gestión provincial con el más de medio centenar de municipios que se identifican con el kirchnerismo y que âsegún sus denunciasâ han dejado de recibir fondos de diversos programas provinciales, entre ellos los de salud.
La discriminación produce revanchismo político y afecta a la convivencia entre los argentinos, en especial a aquellos necesitados de la ayuda oficial para poder trabajar, tener un sustento mínimo y cuidar su salud.
