Los gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas financieras de emergencia para respaldar su respuesta a la pandemia de COVID-19. Una pregunta que ha surgido en los debates sobre políticas es: ¿la partida de sueldos del sector público, que representa alrededor del 8 % del PIB y el 30 % de los gastos gubernamentales a nivel mundial, debería reducirse para financiar en parte esta respuesta de emergencia?
Los Gobiernos de Brasil y Uruguay, por ejemplo, están estudiando disminuir los salarios del sector público, y en Montenegro se ha suspendido el pago de algunas prestaciones que reciben los funcionarios públicos. ¿Es esto una buena idea?
En diversos países, los trabajadores públicos son un grupo privilegiado. Tienen protecciones laborales, y en promedio reciben salarios un 20 % superiores a los que ganan su pares en el sector privado (i). Por lo tanto, resulta tentador para los encargados de formular las políticas y el público en general pensar que los trabajadores públicos tienen que sacrificarse por el bien común. Sin embargo, esa decisión debería fundamentarse en las consideraciones siguientes.
En primer lugar, el sector público es un empleador importante, y proteger todos los trabajos, tanto públicos como privados, es una prioridad en este momento. El Banco Mundial estima que en el mundo los empleados del sector público representan alrededor del 15 % del total de trabajadores y el 30 % de los trabajadores asalariados (i).
Cualquier recorte en los empleos o los salarios de una parte tan grande de la fuerza laboral generará un impacto significativo. La partida de sueldos del sector público es una medida contracíclica natural que debería mantenerse. La prima salarial del sector público está también sesgada contra las mujeres y los trabajadores menos cualificados; por tanto, los recortes salariales de forma generalizada tendrán repercusiones desproporcionadas en grupos que necesitan mayor protección.
En segundo lugar, los funcionarios públicos prestan una gran parte de servicios esenciales para responder a las crisis en la primera línea. Por ejemplo, según datos del Banco Mundial, aproximadamente el 30 % de los trabajadores públicos corresponde a profesores y el 12 % a personal sanitario en 10 países de América Latina.
En la misma región, casi la mitad de los médicos trabaja en el sector público. Si además se consideran los ingenieros, policías, funcionarios de bienestar, funcionarios fiscales, trabajadores de las empresas de servicios públicos y trabajadores de extensión agrícola, se pueden presentar argumentos de peso para entregar una remuneración adicional a estos empleados (en vez de recortes de salarios o prestaciones) con el fin de que sigan trabajando horas extras y proporcionen los servicios que se necesitan con urgencia.
En tercer lugar, cuando los países enfrentan una escasez crítica de personal esencial para responder a la crisis, los Gobiernos deberían redistribuir a los actuales funcionarios, reducir la burocracia para permitir el teletrabajo y reorganizar las tareas y responsabilidades en vez de imponer recortes y despidos.
Desafortunadamente, muchos Gobiernos no cuentan con sistemas de datos y tecnología, la flexibilidad en las reglas de recursos humanos o la coordinación para redistribuir su personal en un periodo breve. Esta situación exige tener una estrategia de «no causar perjuicios» en el corto plazo, con el objetivo de crear capacidad institucional para responder a tales emergencias a mediano y largo plazo.
Por último, una reducción del personal del sector público durante la crisis podría impedir el proceso de recuperación posterior a la crisis (en términos económicos y en otros indicadores sociales). En muchos servicios y funciones, especialmente en la educación, se tendrá que compensar el tiempo perdido y se necesitará un mayor apoyo y una mayor gestión para hacerlo con eficacia.
Sabemos también a partir de crisis fiscales pasadas que las medidas de corto plazo, como los recortes de personal y remuneraciones, crean distorsiones a largo plazo en el empleo y los salarios del sector público dado que no cambian los incentivos políticos y burocráticos subyacentes.
La crisis provocada por la COVID-19 ha subrayado la importancia de tener instituciones públicas eficaces para proteger las vidas y los medios de subsistencia de las personas. Además, ha expuesto de manera dramática y trágica vulnerabilidades existentes en la capacidad del Estado, tanto en los países de ingreso alto como en los países de ingreso bajo.
Después de que se supere la pandemia de COVID-19, es probable que muchos países tendrán que hacer reformas importantes en el sector público para poder gestionar mejor la próxima crisis.
