Exponen a la OIT amenazas de despido a trabajadores públicos

abril 23 02:00 2013

El Sindicato Único de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (Sunep-CVG) introdujo ayer una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por las recientes amenazas de despido a trabajadores del sector público por razones políticas.

Los dirigentes sindicales alegan la violación del Convenio 111 de la OIT, firmado por el Estado venezolano en 1971, y que está refrendado en el artículo 89 de la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo.

El reclamo fue avalado también por el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) y Sunep-Inparques. Froilán Barrios, portavoz del Fadess, indicó que además de plantear el hostigamiento del que han sido víctimas trabajadores públicos, solicitaron a la OIT que en la próxima reunión del organismo, que se realizará a finales de mayo, se concrete la visita de una misión de alto nivel al país.

Según Barrios, el director general de la OIT, Guy Ryder, ya ha venido presentando inquietudes por la situación laboral en Venezuela, producto de la criminalización de la protesta, la falta de discusión de contratos y ahora se suma el acoso a los empleados públicos por razones políticas.

«No tiene sentido someter a los trabajadores a persecuciones inhumanas. Llamamos al Presidente Nicolás Maduro, ministros, gobernadores y alcaldes a que cese la persecución», manifestó Barrios.

La Central Bolivariana de Trabajadores es la única organización sindical que no ha recibido denuncias de despidos o amedrentamiento laboral.

No obstante, Carlos López, coordinador general del grupo, fue enfático al señalar que no puede haber ningún tipo de persecución ni despido a un trabajador por su ideología política. Lo importante, destacó, es que sea eficiente en su trabajo.

«Si peleamos a capa y espada para garantizar la estabilidad laboral en la Ley del Trabajo, mal pudiéramos dejar eso a un lado. La Central Bolivariana no apoya reeditar ninguna Lista Tascón», destacó.

López precisó que las amenazas que han realizado algunos funcionarios, difundidas a través de redes sociales, son individuales porque «ningún gerente está en la capacidad de echar para atrás ni una sola letra de la Ley del Trabajo»…




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