Miles de trabajadores de actividades no esenciales finalizan a partir de este jueves 9 de abril el permiso retribuido decretado por el Gobierno dentro de las medidas de confinamiento aplicadas a los sectores productivos para tratar de reducir los riesgos de contagio.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé prologar el estado de alarma más allá del 26 de abril, probablemente hasta bien entrado mayo. Pero levantará la hibernación económica en apenas 24 horas, aunque en la mayoría de empresas que reanuden su actividad será efectiva realmente a partir del lunes o martes, cuando hayan pasado los festivos de Semana Santa.
La decisión de congelar la actividad productiva y de cargar sobre las empresas su coste mediante el sistema de permiso retribuido con horas recuperables fue muy cuestionada por las organizaciones patronales y empresariales. Pero ¿está suficientemente controlada la epidemia como para levantar las persianas de industrias, fábricas y otros centros de producción, además de incrementar los desplazamientos y el uso del transporte público?
«Fue necesario para contribuir al control de la epidemia, según las opiniones de todos los expertos, pero una vez pasado el Rubicón de la Semana Santa, el estado de alarma continuará tal como estaba, sin las medidas excepcionales, una vez concluya el plazo para el que se fijaron», dijo Sánchez en su última comparecencia pública.
Con esa decisión, regresarán al trabajo tras algo más de 10 días naturales miles de empleados, volverán a compartir espacios con compañeros sin que las empresas cuenten con test rápidos para controlar si son positivos o no por coronavirus, según lo que publica el diario El Confidencial.
Así lo admitió este miércoles la consejera valenciana de Sanidad, Ana Barceló, en su comparecencia diaria ante los medios de comunicación, al desvelar que el millón de test rápidos distribuido por el Ministerio de Sanidad entre las autonomías será insuficiente para poder evaluar el estado de salud de las plantillas en las empresas.
Barceló explicó que los 86.000 test que ha recibido la Comunidad Valenciana tendrán como uso prioritario el personal sociosanitario que trabaja en hospitales y residencias, cuerpos y fuerzas de seguridad y personas allegadas a contagiados.
Preguntada sobre si hay alguna opción de que los test se extiendan a las personas que van a trabajar, para que las empresas puedan controlar posibles contagios, señaló que la posible extensión dependerá de una nueva planificación del ministerio para cuando comience a desescalar el confinamiento general, algo no previsto al menos hasta el 26 de abril.
«Cuando llegue la planificación que el Gobierno quiere hacer, es cuando veremos si el Gobierno usa el criterio de hacer todos esos test a las personas que vayan saliendo del confinamiento y con la planificación que se quiera dar», dijo a menos de 24 horas del fin de la hibernación de las actividades no esenciales. Tras volver a ser preguntada sobre la cuestión, insistió en que la fase de testar «escalonadamente» a la población en general no ha llegado: «Todavía no estamos en el desconfinamiento. No estamos en esa fase ni en qué medidas se van a implantar para que sea un desconfinamiento seguro».
La ministra de Industria, Reyes Maroto, señaló también en una comparecencia ante los medios de comunicación que el regreso de la actividad se realiza desde este 9 de abril con los mismos protocolos que antes de la congelación. Es decir, el Gobierno no contempla obligar o facilitar a las empresas la realización de pruebas a las plantillas. Habrá que ver el efecto que pueda tener esa vuelta a las fábricas en la propagación de la pandemia en un momento en que comienza a relajarse la presión asistencial.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que España todavía está en «la fase dura» del combate contra el virus y lejos de comenzar a habilitar el proceso de confinamiento. «No estamos en condiciones de definir los escenarios de desescalada», reiteró, desautorizando en cierto modo el optimismo mostrado por la ministra de Hacienda esta misma mañana sobre una posible relajación de las medidas de confinamiento.
Barceló, de todas formas, lleva varios días restando relevancia al uso de los test rápidos. Ha reconocido que no sirven como marcador seguro para descartar positivos, sino que se emplean fundamentalmente para detectar contagios que después deben confirmarse a través de la prueba PCR, que requieren más horas para su evaluación.
De esta forma, admite que muchas personas que dan negativo en las pruebas inmediatas pueden ser portadoras del virus, ya sea de forma asintomática o no. En la Comunidad Valenciana, se han hecho unas 30.000 pruebas PCR en total sobre una población de unos cinco millones de personas, de las cuales 7.655 han sido positivas y algo más de 23.000 han resultado negativas. Pero estas pruebas se realizan a población de riesgo por haber estado con positivos, profesionales sanitarios aislados o en cuarentena y a personas que han sufrido síntomas y se han puesto en contacto con la Conselleria de Sanidad a través del teléfono 900.
España está muy lejos de los 20.000 PCR diarios que tenía el Gobierno de Sánchez como objetivo y también de países como Corea del Sur, que ha hecho de este instrumento un arma importante para controlar la pandemia aislando a los positivos en cuanto aparecen. No obstante, algunas autonomías como Asturias presumen de estar realizando más pruebas PCR por millón de habitantes que los Estados que más están recurriendo a esta evaluación.
