El salario social es el último recurso disponible para las personas que han agotado todos los demás recursos. Se concede durante seis meses y oscila entre 392,5 y 633,3 euros al mes dependiendo de los miembros de la unidad familiar. Y tiene serios problemas. Es una realidad conocida por las asociaciones que trabajan con colectivos desfavorecidos y para instituciones como el Defensor del Pueblo nacional y su homólogo andaluz. Pero la Junta sólo reconoce «problemas puntuales» y asegura que se han resuelto.
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, afirmó esta semana en el Parlamento en respuesta a una pregunta del PP que «se ha hecho un esfuerzo titánico en el último trimestre y en la práctica se está al día».
Esto no ha impedido que la Junta haya sido amonestada en el último informe anual de la Defensora del Pueblo nacional, Soledad Becerril, y que vaya a serlo en el próximo informe que presentará antes de que finalice marzo el Defensor del Pueblo andaluz en funciones, José Chamizo.
Becerril apunta en su informe que «son varias las comunidades autónomas que se están encontrando con dificultades a la hora de resolver las solicitudes de rentas mínimas. Tal es el caso de la comunidad de Madrid, con la Renta Mínima de Inserción; la Comunidad Valenciana con la Renta Garantizada de Ciudadanía o Andalucía, con el Ingreso Mínimo de Solidaridad. Existen varias investigaciones abiertas al respecto».
Chamizo comenta a esta redacción que «hay mucha demanda y mucho retraso», que llega en ocasiones a un año. «El Gobierno andaluz introdujo más dinero, pero al no funcionar se está dando una situación de emergencia; hay mucha gente solicitándolo y la lista de espera es de meses», expone Chamizo, que ha emitido varias quejas al respecto. Sevilla y Cádiz han tenido problemas crónicos, «pero ahora se han agravado y se han generalizado», añade. El Defensor subraya que si existiera una ley de inclusión como se prometió «habría menos problemas y no necesariamente más coste».
Consultada por esta redacción, la Consejería de Salud responsabiliza de los retrasos «a la difícil situación de liquidez que atraviesa la Administración autonómica, en gran medida derivada de la asfixia por el objetivo del déficit a la que están siendo sometidas las comunidades por parte del Gobierno central» y subraya que el salario social es una «prioridad».
